Nos encontramos en pleno cambio de modelo energético y ya nadie lo pone en duda. Los diferentes planes estratégicos de descarbonización, tanto por parte de la administración central como del sector privado, ya están sobre la mesa. Las cifras cuantitativas que se han proyectado para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París son abrumadoras.
Todos estos planes, deben incluir a las ciudades y la ciudadanía como actores clave en la transición energética. Las previsiones de incremento de población, más aún, concentrándose en torno a los grandes núcleos urbanos, prevé un incremento de demanda energética de tal magnitud que nos lleva a preguntarnos cual es el papel de la ciudadanía para amortiguar tales incrementos, aprovechando la innovación tecnológica, el desarrollo local, la creación de riqueza distribuida y la generación de valor social.
Ya existen herramientas y medios para que la ciudadanía pase de un papel pasivo, consumiendo electricidad con una oferta por encima de la demanda, a uno activo, siendo ellos quienes gestionen la demanda de energía para que sea la oferta variable la que se adapte a sus necesidades. Junto a ellos, la administración local se erige como un actor clave a la hora de ayudar, apoyar, tramitar e incentivar iniciativas que favorezcan tal objetivo, como es el caso de la generación distribuida de electricidad (autoconsumo), la rehabilitación energética, el cambio hacia una movilidad sostenible o la electrificación de la demanda energética, siendo el municipio el motor del cambio a nivel municipal.
En esta sesión, se reflexionó sobre el papel del ciudadano como consumidor activo y se presentaron iniciativas en las que el ciudadano ya participa en la transición energética. Además, se explicaron herramientas para facilitar la transición energética tanto a la ciudadanía como a ayuntamientos y se presentó la "Guía ciudadana para participar en la transición energética", desarrollada por este comité.
Las iniciativas presentadas en la sesión, sirvieron para debatir sobre las principales trabas administrativas y financieras para su desarrollo y ejecución y sobre los requisitos técnicos y sociales para que sean replicables en otros municipios, generando así propuestas de posibles soluciones facilitadoras.
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